Todo eso que no logramos cambiar en los últimos 20 años

Pero no todo tuvo cambios positivos, muchas cosas se quedaron estancadas en el mismo lugar en el que estaban hace 20 años. Una pequeña reseña para recordar todo aquello por lo que todavía tenemos que luchar y una pregunta inquietante: ¿qué estamos haciendo para conseguirlo? 

La inflación

A pesar de las promesas de todos los gobiernos desde la crisis del 2001 hasta la fecha, la inflación fue indomable y ningún presidente ni ministro de Economía la pudo controlar jamás. Pasaron Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández. Las excusas sobran, las explicaciones también y los resultados están a la vista.

Este año, a 20 años de la devaluación que sacó al país de la convertibilidad, la Argentina nunca pudo controlar un problema que parece haber quedado en el pasado para la mayoría de los países del mundo, en especial entre nuestros vecinos, víctimas del mismo flagelo y que pudieron superarlo.

De hecho, Argentina figura este año en el puesto número 5 de los países con mayor inflación del mundo, solo por debajo de Venezuela (2.355%), Zimbabue (557%), Sudán (163%) y Líbano (88%). Nuestro país en 2020 terminó con una inflación del 42%.

En los últimos 16 años la inflación anual jamás estuvo en menos de dos dígitos. Valga como muestra solamente los registros de la última década. Los de este año prometen superar con creces la marca récord alcanzada por Mauricio Macri en el último año de su presidencia y los pronósticos para el 2022 no parecen ser mejores.  

La falta de control en el gasto público, la emisión descontrolada de estos últimos meses y el eterno déficit parecen ser parte de los motivos por los cuales los argentinos vivimos en la trampa de la inflación, un problema que hace que todo se vuelva un poco más difícil.

La falta de soluciones claras y el drama que significa para los sectores más vulnerables, y para los asalariados en general, hizo que un grupo de liberales ortodoxos volviera a la arena política con recetas que prometen borrar de un plumazo (y sin anestesias) impuestos innecesarios, controlar -o eliminar- al Banco Central y hacer del ajuste su política de gobierno. Para muchos es la solución que hace falta, otros tantos se agarran la cabeza o sonríen incrédulos.

Según una estimación que hizo el portal de noticias Infobae, en el año 2011 se podía llenar un changuito con casi 60 productos de primeras marcas por $1.000 y detallaba: “Incluyendo varios kilos de carnes, verduras, alimentos básicos, bebidas y productos de higiene y limpieza. Pero si hoy se quisiera repetir esa misma compra, costaría más de $18.000”.

El mismo portal mostró más comparaciones: “Si en 2011 se podían comprar casi 60 productos con $1.000, esa misma cifra hoy sólo alcanza apenas para un kilo de asado, un pote de queso crema y un kilo de sal. O para una única botella de aceite oliva. Si hay más invitados al asado y se quieren comprar dos kilos de carne, hay que pensar en 1.200 pesos; y si el bebé necesita un nuevo paquete de pañales descartables habrá que ‘invertir’ casi el doble de la cifra con la que se llenaba un carro en el supermercado hace una década”.

Como decíamos al comienzo, la evolución parece ser la constante del Siglo XXI, pero en materia económica general y en inflación en particular los cambios no parecen llegar. El país entero anhela que esto cambie, y pronto. 

Inseguridad

Muchas veces cuando se le pregunta a una persona que decidió ir a vivir a otro país por qué lo hizo responde que buscaban vivir en un país sin inflación y con seguridad. Éste último motivo parece ser determinante: la gente no quiere vivir con miedo y, desde hace muchos años, en Argentina la inseguridad es una constante. El peligro late en cada esquina.

Con los índices de inseguridad ocurre algo similar a lo que pasa con los índices de inflación o de pobreza: durante años se quisieron ocultar, directamente se alteraron o fueron medidos de modos poco fiables.

La inseguridad, según sostienen los expertos, muchas veces es consecuencia de la pobreza y la marginalidad, es por eso que se recomienda abordar el problema desde un punto de vista integral: con educación, inclusión, mayores oportunidades laborales, etc. Quienes cuestionan esta mirada, aunque no la niegan por completo, aseguran que a pesar de esto hay un problema en lo inmediato que debe ser resuelto, quizás con penas más duras o con una intervención más efectiva en el combate contra el delito.

Valga como ejemplo la discusión que existe por estos días en torno al uso de las pistolas Taser, que inmovilizan a los delincuentes a través del disparo de un shock eléctrico. El reciente caso del músico “Chano” Charpentier quien recibió un disparo de un policía cuando pudo haber sido inmovilizado con una pistola Taser fue el ejemplo perfecto a favor del uso de las armas eléctricas, pero fue desestimado de plano por el flamante Ministro de Seguridad Aníbal Fernández quien aseguró que el país “no está listo” para estas armas.

Las penas son otro de los problemas que existen para frenar los delitos y la inseguridad en general. En Argentina existe una corriente a favor de penas más leves y de una mirada menos punitivista que se le adjudica al ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.

Del otro lado están quienes abogan por penas más estrictas y una intervención mucho más fuerte. Estos últimos apuntan a la célebre “mano dura” para resolver el problema.

También existe en Argentina una reforma pendiente del Código Penal. El abogado Mariano Borinsky estuvo a cargo de hacerla durante la presidencia de Mauricio Macri.

De hecho, fue entrevistado por Quórum y aseguró que una de las soluciones posibles no es ni mano dura ni mano blanda, es simplemente cumplir con la ley, cumplir con las penas y hacer de la justicia algo acorde a los tiempos que corren.

Aunque la discusión está planteada, el problema está muy lejos de encontrar una solución y de hecho es un drama que, desde el 2001 hasta la fecha, fue de mal en peor: con un crecimiento sostenido del narcotráfico en el país, con atentados en el sur, con robos cada vez más violentos y cifras que aterran. 

Pobreza

Después de la inflación o quizás como su consecuencia, la pobreza parece ubicarse como otro de los grandes problemas del país que no han mejorado nada en los últimos 20 años. Con vaivenes, idas y vueltas y muchas mentiras a la hora de medirla, la pobreza llega a extremos realmente inexplicables en un país productor de alimentos.

Las cifras de indigencia, la apabullante cantidad de niños menores que no comen todos los días no es sólo incomprensible, también es criminal. Y sí, a la hora de buscar responsables habrá que mirar hacia la dirigencia política sin ninguna distinción partidaria.

La pobreza en la Argentina se mide de dos formas: la más conocida, que el INDEC informa cada 6 meses, es la que se calcula a partir de los ingresos. La segunda, que se difunde oficialmente con los censos cada 10 años, además de ingresos analiza el acceso a la educación, la salud y la vivienda, entre otros indicadores. Desde el regreso de la democracia en 1983 la pobreza medida por ingresos solo disminuyó después de dos crisis macroeconómicas, es decir, luego de que había crecido.

Vale destacar que muchas de las cifras que se mencionan pueden no ser exactas: para este artículo nos basamos en un trabajo realizado en base a cifras de la Universidad de La Plata. Lo cierto es que se han manipulado números y la pobreza crece dramáticamente. Veamos la progresión de los últimos 20 años:

2001. Durante la Presidencia de Fernando De la Rúa -según datos recalculados al día de hoy por el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata (CEDLAS)-, en octubre de 2001, la pobreza alcanzaba al 46% de la población. Sin embargo, tras la sucesión de tres presidentes en una semana, en octubre de 2002, y bajo el mandato de Eduardo Duhalde, la pobreza siguió aumentando y llegó al 66%.

2003. Cuando Duhalde entregó el poder a Néstor Kirchner, la pobreza era del 62%. Kirchner se logró bajar este indicador llevándolo a casi el 37% en todo el país en el segundo semestre de 2007.

2007. A partir del 2003, el INDEC comenzó a publicar información de la pobreza en 31 aglomerados urbanos. Pero, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, además de la manipulación de las estadísticas desde 2007, el instituto oficial directamente dejó de publicar datos de pobreza a partir de 2013. Los nuevos datos oficiales volvieron a publicarse en 2016, bajo la Presidencia de Mauricio Macri. Es por esto que durante varios períodos los analistas debieron recurrir a estimaciones alternativas: la Universidad Católica Argentina (UCA) es otro de los organismos a los que también se recurre en busca de datos fiables.

Fernández de Kirchner asumió en diciembre de 2007 y en su primer mandato -según las cifras del CEDLAS- logró bajar este indicador del 37% al 28%. Sin embargo, en su segundo mandato la pobreza habría aumentado nuevamente hasta el 30%. Así, en el total de su mandato, la pobreza habría bajado de 37% a fines de 2007 a 30% a principios de 2015 (los datos de finales de ese año no se publicaron por la emergencia estadística del INDEC).

2015. El primer dato oficial del INDEC del gobierno de Mauricio Macri indicaba que la pobreza en el segundo trimestre de 2016 alcanzaba al 32,2% de la población. Para finales de este mandato, los datos del INDEC – comparables con los del CEDLAS- muestran que en la segunda mitad de 2019 la pobreza llegó al 35,5% de las personas y la indigencia al 8% de los argentinos: los niveles más altos desde 2008.

2019/2021. Los primeros datos de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) muestran que en el primer semestre de 2020 la pobreza aumentó hasta el 40,9% y la indigencia subió al 10,5%. Estos datos, marcados por la pandemia del nuevo coronavirus y el aislamiento que decretó el Gobierno desde el 20 de marzo, son los peores desde el 2006, si se analiza la serie recalculada por el CEDLAS.

En tanto, el INDEC publicó que en el primer semestre de 2021 el 40,6% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza y el 10,7% por debajo de la línea de indigencia. La nueva cifra marca una leve caída de la pobreza con respecto a igual período de 2020 (llegó al 40,9%), pero indica que sigue muy por encima de los niveles registrados previos a la pandemia (35,5% en el segundo semestre de 2019). 

Corrupción 

De todos los índices, el de la corrupción es sin dudas el más difícil de medir, es por eso que existe una Organización No Gubernamental llamada Transparencia Internacional que mide “la percepción” de la corrupción en el sector público en todo el mundo y elabora año a año un ranking medido a 0 a 100 con los países más y menos corruptos del mundo según lo que percibe su propia población. En Argentina, la ONG trabaja junto a Poder Ciudadano y se encargan de medir lo que ocurre en el país en cuanto a corrupción.

En base a esta medición, la Argentina empeoró su posición durante el año 2020 respecto del 2019 y descendió 12 lugares al caer del puesto 66 al 78 entre las 180 naciones comprendidas en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Vale recordar que Argentina venía de mejorar 19 posiciones en el año 2019 pero volvió a caer y los pronósticos a futuro no parecen ser muy alentadores.

Veamos la progresión desde el 2011 al 20202: 

Hace poco tiempo, la ONG FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) presentó un informe para la sexta ronda del Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la OEA en el que muestra numerosos problemas de la Justicia que permiten concluir que la Argentina es un “paraíso para la corrupción”. En un documento que se tituló “Un país en estado de sospecha”, se sostiene que Argentina “parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias”.

Uno de los primeros inconvenientes con los que se toparon fue la obstrucción de acceso a la información pública por parte de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Otro fue la falta de estadísticas y de indicadores.

Además, del relevamiento surgió que en 12 años prácticamente no hubo sentencias condenatorias firmes. A esto se suma la duración de los procesos que es extremadamente larga. Como uno de los ejemplos se basaron en la causa en la que se investigaron los hechos vinculados a la construcción de la represa Yacyretá que tuvieron lugar entre 1990 y 1999. Ese expediente se inició en 1998 y recién se dictó sentencia en 2021.

El Mecanismo Anticorrupción de la OEA ya había denunciado en su cuarto informe el problema de la prescripción en Argentina entre 2010 y 2012: sobre 63 casos, 62 se cerraron por prescripción y uno fue declarado inocente.

Este informe es solo ejemplo de la magnitud del problema de la corrupción en Argentina y de cómo se sostiene en el tiempo. Además, casi sin lugar a dudas, este es un problema que tiene mucho que ver con todos los demás.

La pregunta final sería, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para intentar mejorar estos problemas? Finalmente, todos somos también un poco responsables de cada uno de los males endémicos del país y es hora de cambiarlos.